El plazo de resolución depende del tipo de procedimiento. En términos generales, los juicios civiles pueden extenderse entre 1 y 3 años. Los juicios laborales, al regirse por un sistema oral, suelen resolverse en un plazo más breve, entre 3 y 6 meses. En materia de familia, también se aplica un procedimiento oral, con tiempos variables según la complejidad del caso. En el ámbito penal, la duración dependerá de factores como la existencia de salidas alternativas o la realización de un juicio oral.

Sí. En Chile, todo procedimiento de divorcio requiere la intervención de un abogado. En los casos de mutuo acuerdo, las partes pueden comparecer representadas por un mismo abogado o por profesionales distintos. El divorcio unilateral exige acreditar un cese de convivencia de al menos 3 años, mientras que el divorcio de mutuo acuerdo requiere un plazo mínimo de 1 año.

La Ley N° 20.720 regula los procedimientos concursales de reorganización y liquidación de empresas y personas en situación de insolvencia. Vigente desde octubre de 2014, reemplazó la antigua Ley de Quiebras, estableciendo un sistema moderno orientado a resolver de manera ordenada las situaciones de incapacidad de pago. Su finalidad es equilibrar los intereses de deudores y acreedores, privilegiando, cuando es posible, la continuidad de la actividad económica.

Pueden acogerse tanto empresas (personas jurídicas) como personas naturales que desarrollen actividades económicas. Además, las personas naturales no sujetas a actividades comerciales pueden acceder al Procedimiento Concursal de Renegociación, una instancia simplificada que se tramita ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR).

La responsabilidad extracontractual es la obligación de indemnizar los daños causados a un tercero fuera de una relación contractual, conforme a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil. Se aplica, por ejemplo, en casos de accidentes de tránsito, daños a la propiedad o lesiones personales. Para que proceda, es necesario acreditar la existencia del daño, la culpa o dolo del responsable, y la relación causal entre ambos.

La posesión efectiva es el trámite legal mediante el cual se reconoce a los herederos como continuadores del patrimonio de una persona fallecida. Debe gestionarse cuando existen bienes que serán heredados, ya que sin este procedimiento no es posible vender, transferir ni inscribir dichos bienes a nombre de los herederos. Dependiendo del caso, puede tramitarse ante el Registro Civil o ante los tribunales de justicia.